Sólo un 15% de autónomos y pymes usa la factura electrónica en España
El anteproyecto de la nueva Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, dentro de las medidas para la lucha contra la morosidad comercial, establece la obligatoriedad de la factura electrónica para todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales con otras empresas y autónomos.
De no hacerlo así, se considerará como una infracción administrativa y las empresas se expondrán a un apercebimiento o multa de hasta 10.000 €
La ley establece también el calendario de implantación de esta nueva obligación para las empresas, que tendrá efectos en el mismo ejercicio en que se publique en el BOE para aquellas empresas y autónomos que facturación anual superior a ocho millones de euros y otorga un plazo máximo de tres años para su implantación en aquellas empresas que no alcancen dicho nivel de facturación.
Esta medida se enmarca entre las que el gobierno quiere implantar en la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que considera una de las principales causas de los problemas de liquidez y rentabilidad del tejido productivo español, especialmente de autónomos y pequeños negocios.
La medida pretende constituir también una importante herramienta para la lucha contra el fraude.
Hoy en día la factura electrónica es obligatoria sólo en el ámbito de la contratación con el sector público, y se estima que sólo un 15% de autónomos y negocios la usa en sus relaciones comerciales habituales.
Es recomendable no dejar este tema de lado e ir preparando nuestras empresas para la implantación de una obligación que está a la vuelta de la esquina, sin olvidar que puede beneficiarse de los recursos previstos para la digitalización de las pymes.
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